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| Main Authors: | , , |
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| Format: | Recurso digital |
| Language: | |
| Published: |
Zenodo
2025
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| Online Access: | https://doi.org/10.5281/zenodo.18435607 |
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Table of Contents:
- <p>Introduce el problema de la seguridad pública en México como un tema central para América Latina, vinculado con altos índices delictivos y efectos económicos y sociales profundos, proponen que el derecho a la buena administración pública puede ofrecer un enfoque preventivo y estructural para enfrentar el crimen organizado, alejándose de estrategias exclusivamente punitivas y apostando por políticas públicas mejor diseñadas, coordinadas y evaluadas. Se subraya que la inseguridad impacta directamente en la calidad de vida y en el desarrollo nacional.</p> <p>Posteriormente, se analiza la evolución del narcotráfico en México, destacando cómo la violencia, la corrupción y la desigualdad han debilitado el Estado de Derecho. Se menciona que investigaciones recientes estiman que el crimen organizado cuenta con alrededor de 175 mil integrantes, superando incluso a grandes corporaciones nacionales en número de miembros. Los cárteles operan mediante redes de producción, distribución y control territorial, empleando mecanismos de coerción como la violencia y el soborno, lo que agrava la inseguridad y dificulta la gobernabilidad.</p> <p>También examina el presupuesto destinado a la seguridad pública, señalando que, aunque ha existido un incremento sostenido en la asignación de recursos, los resultados no han sido proporcionales en la reducción del delito. Se destaca la relevancia del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y se muestran desigualdades en la distribución de recursos entre entidades federativas. Además, se enfatiza que la delincuencia genera altos costos económicos y afecta la productividad nacional, limitando inversiones en áreas clave como educación e infraestructura.</p> <p>Finalmente, concluye que la violencia y el crimen organizado deben abordarse mediante políticas preventivas, fortalecimiento institucional y una administración pública eficiente y transparente. Se resalta la necesidad de mejorar la procuración de justicia, reducir la impunidad y coordinar esfuerzos entre niveles de gobierno. Asimismo, se propone que la buena administración pública sea un pilar estratégico para redirigir la lucha contra el crimen organizado, garantizando un uso adecuado de recursos y una mayor efectividad en las acciones del Estado.</p>